ARGENTINA: Reunión para sanear cuenca Salí Dulce y Laguna Mar Chiquita

El pasado jueves 6 de mayo Mario Decara, Defensor del Pueblo de Córdoba convocó a una reunión del Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca Salí-Dulce, conformado por los defensores de esta provincia, Tucumán y Santiago del Estero junto con el Defensor del Pueblo de la Nación. La misma tuvo lugar en la localidad de Miramar, ciudad en la que se encuentra la Laguna de Mar Chiquita, desembocadura de dicha cuenca, por lo que Decara consideró ese el escenario más propicio para evaluar, junto a sus pares, la problemática y las políticas ambientales en torno a la cuenca y a la laguna.

Decara calificó al encuentro de muy positivo, “sirvió, en primer lugar, para ratificar un criterio y un compromiso adoptado por los Defensores del Pueblo de las provincias que están involucradas en todo el recorrido de la cuenca Salí – Dulce, y para consolidar una posición y levantar una voz de alerta sobre la situación de la misma y de la Laguna de Mar Chiquita.”

La jornada tuvo dos instancias. En primer lugar, los defensores intercambiaron información técnica sobre los diagnósticos que cada delegación presente hizo respecto de la situación en cada tramo de la cuenca. También se interiorizaron, a través del informe elaborado por la Defensoría del Córdoba y de la exposición de los responsables del Programa de Apoyo a la Región de Mar Chiquita (PROMAR) de la UNC, sobre la situación de la laguna.

Posteriormente, se realizó una reunión de la que además participaron legisladores departamentales, intendentes de numerosas localidades de la región y funcionarios de Ambiente y de Recursos Hídricos de la provincia.
 
Problemas en la cuenca y la laguna

En cuanto a los contenidos de la discusión, el ombudsman explicó que la misma se centró en dos ejes: la bajante del agua que aporta la cuenca y la suba de contaminación, “porque son los dos problemas que más aquejan a la Laguna de Mar Chiquita: la contaminación de la cuenca y que esta arrastra hasta la laguna, que es su desembocadura natural. Y el uso que se hace del cupo de agua en todo el recorrido, ya que el abuso o el exceso sobre el mismo inevitablemente afecta al caudal que recibe la laguna.”

Respecto del caudal del agua, Decara evalúa que es necesario actualizar el convenio de uso de agua de esta cuenca entre las provincias de Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero: “Se debe replantear la cuota de agua para cada provincia. Si bien el agua debe ser resguardada como un derecho humano para el consumo que cada provincia hace, es necesario respetar su uso para preservar la biodiversidad y los ecosistemas.”

En cuanto a la contaminación, el Defensor considera que la mayor prioridad es requerir información al gobierno nacional sobre la marcha del Programa de Reconversión Industrial planteado con el fin de modificar los sistemas productivos de las industrias que vierten sus efluentes a la cuenca. A la vez, afirma que son necesarias acciones integrales y la colaboración de todos los sectores involucrados para su saneamiento: “El Estado nacional, los gobiernos provinciales, los sectores productivos, las industrias de la zona, todos deben aportar su parte. Va a ser muy difícil lograr una solución sin el compromiso de todos.”
 
Conclusiones de la reunión

Las mismas quedaron plasmadas en un documento que el Consejo presentó al gobierno de la Provincia, representado por Ministro de Obras Públicas de la Provincia, el Secretario de Ambiente y el Subsecretario de Recursos Hídricos con el objeto de lograr la participación definitiva del Estado Provincial. “Es necesario el compromiso y trabajo de todos los sectores involucrados en un tema tan sensible que no solo afecta el ecosistema de toda una región muy importante de Córdoba, sino que además repercute sobre su desarrollo económico, ya que perjudica a todos los sectores productivos que dependen de la laguna, particularmente al turismo” resaltó Decara. “Además, no podemos dejar de considerar que en el futuro podría ser necesario disponer del agua que ingresa a la Laguna de Mar Chiquita para consumo humano, si se repitiera y agravara en le tiempo la situación de bajante de los diques provinciales”.

El documento deja planteadas las acciones del Consejo de Defensores para el corto y mediano plazo, entre las que el ombudsman destaca:

Articular acciones con las universidades de la región a través del Programa de Apoyo a la Región de Mar Chiquita de la Universidad Nacional de Córdoba (PROMAR) porque “es imprescindible elaborar un Sistema de Información Geográfico y un Plan de Monitoreo Ambiental del estado general de la cuenca”, destacó.

Además acordaron convocar al comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí Dulce, conformado por los gobiernos provinciales involucrados, a una reunión en la que se informe sobre la marcha del Plan de Gestión Integral de la Cuenca y dar participación de la misma a los gobernadores de las provincias integrantes de la misma y al Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Esta reunión quedó programada para el próximo mes de julio en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Por último, insistir ante el Poder Ejecutivo Nacional en la necesidad de reglamentar la Ley 25.688 de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de las Aguas a fin de que se declaren zonas de protección especial a lugares tales como el Embalse de Río Hondo, los Bañados del Río Dulce y la Laguna de Mar Chiquita.

Finalmente, Decara hace énfasis en que las soluciones no se van a ver de un momento a otro: “Debemos buscar  entre todos la solución del problema. El panorama es relativamente favorable ya que no existe ninguna situación irreversible y en cuanto a que junto a los demás defensores hemos reafirmado un compromiso, consensuado medidas y coordinado acciones para el corto plazo. La próxima reunión está prevista para el mes de julio en la Provincia de Tucumán y para ese entonces deberíamos poder ver algunos avances. El comité Interjurisdiccional de la Cuenca está funcionando y va a estar convocado. Hay herramientas jurídicas a las cuales recurrir también. Pero no hay soluciones mágicas. Es una acción a futuro, pero hemos iniciado el proceso.”

FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba