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Publicaciones

Un esfuerzo académico de investigación y documentación, enmarcado en el contexto de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia

16 años consolidando el Estado de Derecho, la Democracia y los Derechos Humanos

Súmate a la lista de profesionales (+400) formados en nuestra oferta académica, con el respaldo de la pretigiosa Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, España. Abierto el período de preinscripción en el "Máster Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica". Plazas limitadas

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Documentos Trabajo

El derecho a la alimentación de los pueblos indígenas

— Jorge Mendoza Argomedo. Este trabajo desarrolla el panorama general del derecho a la alimentación, con especial atención de éste como derecho colectivo de los pueblos indígenas. Hace ver que en Perú no ha sido reconocido de manera expresa en la Constitución, pero que mediante la técnica de interpretación sistemática interna y externa se incorpora en el ordenamiento jurídico y puede ser garantizado a través del proceso constitucional de amparo y por la Defensoría del Pueblo.

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Manual de derechos e intervenciones y sistematización de Recomendaciones

—  Guillermo Escobar Roca. Este Manual se realizó en el marco de una asistencia técnica dirigida a la Defensoría del Pueblo de Montevideo en la cual se llevó a cabo un trabajo técnico-jurídico encaminado a contribuir a sistematizar la tramitación de las quejas. El documento contiene un Código de derechos e intervenciones para sistematizar todas las quejas que llegan a la Institución con un enfoque de Derechos Humanos, así como para ordenar los datos recopilados en los Informes anuales.

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Europa ante el espejo: la crisis de los refugiados

—  Manuel Lezertua. En este Documento de Trabajo se reproduce la ponencia presentada por Manuel Lezertua, Ararteko, el 26 de mayo de 2016, en el Ateneo de Madrid. En su conferencia el Ararteko realizó una valoración crítica de la respuesta de la Unión Europea a la denominada “crisis de los refugiados”.

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Relatoría del “XXI Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman: Pobreza, Dignidad y Derechos Humanos”

— Alejandra Celi Maldonado. El documento incluye los aspectos más destacados de las intervenciones realizadas por los y las ponentes del “XXI Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman: Pobreza, Dignidad y Derechos Humanos”. En el evento se analizaron temas como: extrema pobreza, hambre y subnutrición; el derecho a la vivienda y a los servicios básicos adecuados; los Objetivos 1 y 11 de la Agenda 2030; las medidas necesarias para romper el ciclo de la pobreza, como una educación inclusiva e igualdad de oportunidades en el acceso a la formación profesional de calidad. Además, tuvo lugar la presentación del XIV Informe FIO sobre Derechos Humanos.

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Compromiso de la Defensoría del Pueblo: Propiciar una Democracia transparente en el Perú

— César Augusto Orrego Azula
Jefe de la Oficina Defensorial de Piura – Representante de la Defensora del Pueblo. Máster en Derecho por la Universidad de Piura. Máster “Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica” por la Universidad de Alcalá, España. Post-Título en “Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción” por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Docente de la Universidad de Piura.

Los países Iberoamericanos que decidieron impulsar la transparencia como herramienta de lucha contra la corrupción, previeron distintos órganos que se hicieran cargo del ejercicio y respeto pleno del derecho de acceso a la información; en el Perú esta tarea ha recaído en el Ombudsman por mandato constitucional.

La Democracia y el ejercicio pleno del Derecho de Acceso a la Información Pública es una de las tareas que con ahínco impulsa la Defensoría del Pueblo del Perú, por lo tanto, dejamos testimonio público de este esfuerzo democratizador, que se traduce en la acciones de promoción y defensa de este derecho humano.

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El Derecho al trabajo de las personas en condición de invalidez parcial y debilidad manifiesta: el caso de Colombia

— Myriam Luz Vargas Alvarado
Psicóloga Social por la Universidad Nacional Abierta. Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la Universidad Externado de Colombia. Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad Alcalá de Henares. Ha sido docente en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Defensoría del Pueblo de Colombia hasta marzo de 2010, año en el que se jubiló. Actualmente es consultora particular. Compiladora de las Memorias de la Asamblea Permanente por la Paz de la Sociedad Civil, julio de 1998.

La investigación indaga sobre el derecho al trabajo de las personas en condición de invalidez parcial y debilidad manifiesta. Se determina si los trabajadores particulares y al servicio del Estado en condición de discapacidad o invalidez tienen protección constitucional y legal. Asimismo, se trata el tema de la pensión de invalidez. La investigación realiza un análisis de la legislación nacional, y de la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Igualmente, se analizan los tratados internacionales sobre el tema suscritos por Colombia.

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Políticas de vivienda con perspectiva de derechos humanos: una revisión de la experiencia venezolana desde 1999

— Álvaro Cabrera Gutiérrez
Jefe de División de la Dirección de Análisis e Investigación en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Activista en Derechos Humanos desde 1988. Investigador en Derechos Humanos desde 1995. Ha trabajado como revisor y redactor en los informes de la Defensoría del Pueblo desde 2003.

En este trabajo se revisa el contenido del derecho a la vivienda adecuada en el ordenamiento jurídico venezolano; se compara con los contenidos previstos en el derecho internacional de los derechos humanos y, a partir de esa revisión, se analizan las políticas de vivienda desarrolladas en el país y sus resultados. En base a ese análisis y los aportes hechos por los relatores del derecho a la vivienda de la ONU, el autor elabora algunas recomendaciones para mejorar las políticas de vivienda en Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos.

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Protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial en Colombia: garantías y eficacia

— Omar Huertas Díaz
Abogado por la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Derecho Penal, Universidad Libre. Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, Universidad de Alcalá. Magíster (c) en Educación, Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en Derecho Penal, Universidad Nacional. Especialista en Derecho Público, Universidad Autónoma de Colombia. Especialista en Pedagogía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Profesor de postgrado en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y en la Universidad Alcalá, España. Profesor de pregrado en la Universidad Libre y en la Universidad Autónoma de Colombia. Es, además, asesor y responsable del Comité Editorial de la Revista Logos Ciencia & Tecnología, del Vicerrectorado de Investigación de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia.

Este documento aborda un problema de profundo interés para la comunidad internacional y, particularmente, para Colombia: la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.  En él se desarrolla un marco teórico, jurídico y social, sobre las garantías y eficacia de los derechos humanos de los menores de edad, a nivel internacional y nacional.

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El Salvador…la dignidad en el olvido.

— Gertrudis Ernestina Reyes Reyes
Asesora jurídica de la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.

Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del conflicto armado salvadoreño, a casi 20 años de haber finalizado, no han visto satisfecho su derecho a la reparación, debido a la política de perdón y olvido implementada por el Estado. En este contexto, el documento desarrolla diferentes aspectos fácticos y jurídicos que regulan el derecho a la reparación en El Salvador, identificando los mecanismos previstos para poder garantizarlo. Igualmente, el documento identifica los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar las víctimas para ser protegidas.

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El derecho humano al agua y su recepción como derecho fundamental en Argentina

— Norberto Carlos Darcy
Abogado y Procurador, títulos obtenidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Máster en “Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica”, Universidad de Alcalá, España (2009). Jefe del Área de Derechos de Consumidores, Usuarios y Administrados de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Docente universitario de la materia “Principios generales del derecho latinoamericano”, Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El agua es un elemento esencial y de primera necesidad para la vida humana. El Comité para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en el año 2002, mediante la Observación General N° 15 reconoció, con sólidos fundamentos, que el derecho humano al agua se halla implícito en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, agregando así un nuevo derecho humano al catálogo de derechos ya expresamente reconocidos en dicho Pacto. Pese a ello, no es posible afirmar aún que el derecho humano al agua se encuentra definitivamente consolidado, ni que tampoco se haya convertido en un derecho fundamental, plenamente aplicable y exigible al interior de cada uno de los Estados parte en el PIDESC. En la Argentina, el derecho humano al agua, como derecho fundamental, encuentra distintas vías que permiten su favorable recepción: por un lado, el PIDESC goza de jerárquica constitucional al igual que otros instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen expresamente el derecho al agua; por el otro, el derecho al agua (al menos, en alguna de sus facetas) puede deducirse de otras normas que integran el plexo de derechos de la parte dogmática de la Constitución argentina. Desde esta perspectiva, una de las formas de intervención más problemática (aunque, por cierto, no la única, y, tal vez, ni siquiera la más significativa) es el corte total del suministro por falta de pago que, a nuestro juicio, es arbitrario e inconstitucional, en tanto afecta el contenido mínimo del derecho del agua. El ordenamiento jurídico argentino prevé distintas garantías institucionales, principalmente judiciales (aunque también políticas), así como de tipo cuasi-jurisdiccional (como las Defensorías del pueblo), que sirven a la efectiva tutela del derecho al agua, no solo frente al corte total de suministro, sino también frente a otras afectaciones ilegitimas (falta de acceso, contaminación, calidad del agua, etc.).

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El derecho a la alimentación en Argentina

— Daniela Paula Pearce
Letrada de la Asesoría Legal y Contencioso del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina.

El derecho a la alimentación en Argentina obliga analizar la normativa constitucional, legal, internacional y su interrelación con otros derechos humanos.
Cuenta con garantías nacionales, tanto no jurisdiccionales (El rol del Defensor del Pueblo. Análisis de los programas de alimentación) y jurisdiccionales (justiciabilidad del derecho a la alimentación y derecho presupuestario).
Además, es protegido por garantías supranacionales no jurisdiccionales (mecanismos de información ante los comités, ante la OIT, sistema interamericano, mecanismo no convencional); cuasi jurisdiccionales (quejas individuales en el sistema universal, peticiones individuales ante la OEA) y jurisdiccionales.

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Juzgar al dirigente: la responsabilidad por autoría mediata en el caso Fujimori

— Mariana Salazar Posada
Encargada de los países de América Latina para ACAT-Francia (Acción de cristianos para la abolición de la tortura) y Responsable del dossier central de la revista de la organización, Le Courrier de l’ACAT. Colaboradora y columnista ocasional de la revista Semana.com, publicación colombiana.

La teoría del autor mediato se ha constituido como una forma de imputación particularmente adecuada, cuando se trata de responsabilizar penalmente a altos dirigentes y a quienes se sitúan en el vértice de un aparato organizado de poder, desde donde se aplican políticas sistemáticas y generalizadas de violación a los derechos humanos. En el caso del ex presidente peruano Alberto Fujimori, esta figura se utilizó tanto en la sentencia de extradición chilena como en la acusación de la Fiscalía peruana, y finalmente en la sentencia emitida por la Sala Pena Especial, ratificada en diciembre de 2009.
La argumentación jurídica de esta histórica sentencia se inscribe en el proceso de justicia transicional que atraviesa Perú, y responde eficazmente a las recomendaciones de la ONU para la judicialización de casos en sociedades en post-conflicto.

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El derecho a la reparación de las mujeres víctimas de violencia sexual. El conflicto armado: la huella en el cuerpo de las mujeres.

— Diana María Salcedo López
Consultora en derechos humanos y estudios de género.

Está demostrado que en épocas de conflicto armado la violencia contra las mujeres se exacerba, de manera especial la violencia sexual. Durante la guerra el cuerpo de la mujer se transforma en objetivo militar y de venganza del hombre que pertenece al grupo contrario. En el caso de Colombia, el conflicto armado que vive desde hace más de 60 años ha afectado particularmente a las mujeres, principalmente a través de actos de violencia sexual y de género, convirtiéndolas en víctimas de una doble o triple discriminación. Ante esta situación, el movimiento de mujeres en Colombia y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos han incorporado una perspectiva de género en su trabajo, para abordar la cuestión de las políticas de reparación en un escenario de justicia transicional. En definitiva, es en este escenario en el que la autora desarrolla su investigación, intentando dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿de qué manera se puede reparar a una víctima de violencia sexual?, ¿cómo identificar a la víctima de violencia sexual, sin que esto signifique la re-victimización?, ¿cuál de las medidas de reparación integral sería la más idónea para devolver, en la medida de lo posible, a la víctima a la situación que tenía con anterioridad a la vulneración de su derecho?.

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Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos: los Objetivos de Desarrollo del Milenio

— Alejandra Celi Maldonado
Investigadora del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica; Máster en Derecho con Especialidad en Unión Europea, Universidad de Alcalá; Experta en Derecho Español para Juristas Extranjeros, Universidad de Alcalá; Abogada, Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Máster en Protección de los Derechos Humanos, Universidad de Alcalá. Artículo aceptado en noviembre de 2011.

El documento subraya el papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en el camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en América Latina. En ese sentido, se analiza la necesidad del Enfoque para el Desarrollo basado en Derechos Humanos, se enuncia sucintamente la situación actual de la pobreza extrema y el hambre en la Región y se señala la contribución de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para avanzar en las estrategias de reducción de la pobreza y erradicación del hambre en América Latina. Finalmente, se establecen algunas propuestas dirigidas a esas instituciones para avanzar en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

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Acciones que realizo en ACNUR-ARAUCA, frente a la población en riesgo y situación de desplazamiento forzado

— Elba Rocío Sánchez Rosas
Alumna del Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho, y Democracia en Iberoamérica.

El Departamento de Arauca, en Colombia, es noticia a nivel nacional de manera constante pero no por informaciones positivas sino por el contario por producir datos negativos relacionados con el conflicto armado que padece el país y que no es ajeno a este Departamento, que con dos centenas y medio de habitantes, ocupa los primeros lugares en las estadísticas de país en Minas Antipersonal, homicidios, violencia sexual, atentados terroristas, desaparición forzada, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, por nombrar algunas de las infracciones que diariamente ejecutan los Grupos Armados Organizados – GAO- de las FARC y el ELN, sumado a las violaciones a los derechos humanos que también son cometidas por algunos miembros del ejército contra la población civil, especialmente contra niñas, adolescentes, mujeres e indígenas. Ante este panorama la respuesta del Estado es débil, pues priman temas en los cuáles hay posibilidad de realizar acciones que les permite un favorecimiento personal y que se relacionan con la corrupción; sumado a la ingobernabilidad y la falta de seguimiento de organismos de control que se registra. En este contexto, desde el 2008 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados – ACNUR, cumple una invaluable labor en favor de la población en riesgo y situación de desplazamiento, a través del diseño de estrategias de Prevención, Protección y Soluciones, todas con enfoque diferencial.

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