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Prensa

Segunda Cumbre Iberoaméricana Migración y Derechos Humanos

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Segunda Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas

Mayo de 2017, Ciudad de México

Nota Conceptual

A 25 años de la adopción de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1990, es necesario reflexionar sobre el rol estratégico que puede desempeñar la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) para impulsar en Iberoamérica la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Resulta necesario considerar la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan las personas que se encuentran en contexto de migración, así como los abusos a los que están expuestos, o de los que han sido, o son víctimas. Por ello, es menester partir en todos los casos, de un enfoque integral, humanitario y de no criminalización de la migración no documentada.

Los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las personas en situación de migración exigen, de las Instituciones Nacionales de Protección de los Derechos Humanos, esfuerzos encaminados a prevenir y disminuir la violencia que sufren estas personas, así como promover la efectiva protección de sus derechos.

En cumplimiento con la legislación nacional e internacional, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, independientemente del estatus migratorio de las personas, como ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva número 18, sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes en situación irregular. Por esa razón, las Instituciones de Derechos Humanos miembros de la FIO deben vigilar que la migración no sea criminalizada por los Estados.

Un tema de especial preocupación es la niñez migrante no acompañada. Por ello, es necesario que las Instituciones de Derechos Humanos en Iberoamérica promuevan que las autoridades observen lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva número 21, sobre los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes en el contexto de migración y/o en necesidad de protección internacional, a fin de que prioricen el enfoque de los derechos humanos desde una perspectiva que tenga en cuenta, en forma transversal, los derechos de niñas, niños y adolescentes y, en particular, su protección y desarrollo integral, los cuales deben prevalecer sobre cualquier consideración de nacionalidad o estatus migratorio, a fin de asegurar la plena vigencia de sus derechos.

En  este  sentido,  será  tarea  de  los  trabajos  de  la  Segunda  Cumbre  Iberoamericana

“Migración y derechos Humanos - una nueva mirada”, dar seguimiento a los compromisos adoptados en la Declaración de Bogotá, producto de los trabajos de la Primera Cumbre, así como a la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes, aprobada en la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el tema el pasado 19 de septiembre de 2016, y que reitera el compromiso de la comunidad internacional con los derechos y la protección de esas personas.

En la declaración, 193 Estados reconocen una responsabilidad compartida para gestionar grandes movimientos de refugiados y migrantes de forma humana, sensible, compasiva y centrada en la gente, y se comprometen a abordar las causas de estos desplazamientos masivos de población. Asimismo, condenan los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y xenofobia contra refugiados y migrantes y los estereotipos que a menudo se les asignan.

La Segunda Cumbre abordará esta problemática a través de mesas abiertas sobre buenas prácticas y acciones concretas, orientadas en las cuatro fases del proceso de la migración, como son origen, tránsito, destino y retorno.

Por ello, su objetivo principal será establecer un Plan de Acción para la coordinación interinstitucional de protección de los derechos humanos en procesos migratorios, que incluirá:

  • 1) Construcción de un Protocolo de Actuación;
  • 2) Creación de una Base de datos;
  • 3) Capacitación a peritos;
  • 4) Capacitación a miembros de ONG que trabajan sobre el tema;
  • 5) Generación de estadísticas sobre la criminalización de la migración;
  • 6) Acceso a la información sobre migrantes y,
  • 7) Facilitación del uso de la tecnología a los migrantes.

Lo anterior permitirá:

  • Visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los Estados, sino que es una problemática que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos.
  • Adelantar las acciones que sean necesarias para que, dentro del ordenamiento jurídico, se incorporen los principios internacionales de derechos humanos, que no criminalicen la migración y reconozcan la trata de personas como crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma.
  • Tener en cuenta, asimismo, la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios como así también la niñez migrante sin acompañamiento y de su situación de vulnerabilidad.

Finalmente, los trabajos de esta Cumbre Iberoamericana deberán de ir en concordancia con la realización de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible que reconoce a los migrantes como sujetos de derechos y aliados indispensables para el desarrollo de los países de destino y origen, por lo que la FIO debe trabajar activamente e incidir en la consecución de la Meta 10.7 de la Agenda, que se refiere a “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”.

Más información: http://segundacumbrefio.cndh.org.mx/

¿Es Posible acabar con la pobreza desde las instituciones?

Ayer 14 de marzo, a las 19:30, a propósito del “XIV INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN: POBREZA", se celebró un  coloquio en el ESPACIO ECOOO, situado en la calle escuadra nº 11 (metro Lavapiés). En el coloquio intervinieron Guillermo Escobar, profesor de la universidad de Alcalá y director del informe,  José Manuel López, diputado de la Asamblea de Madrid, José Bartolomé Martínez, jefe del área de sanidad y política social del Defensor del Pueblo, Victoriano Fernández, presidente de la asociación “FAMILIAS PARA LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI” y Juan Laborda, profesor de economía de la universidad CARLOS III. El director del PRADPI, Guillermo Escobar inicia el evento dando paso a Victoriano Fernández que toma la palabra y habla en primer lugar de la necesidad de que las instituciones tomen conciencia del problema que es la pobreza, a continuación deja en el aire una serie de preguntas para que los asistentes reflexionen sobre lo que significa ser pobre en España:

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La FIO participa de un Seminario en Brasil sobre la Regulación de los Medios de Comunicación y el Derecho a la Comunicación

Esta actividad está siendo promovida por la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano, en colaboración con la Red de Comunicadores de la FIO.

Representantes de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) se reunirán en Sao Paulo, Brasil, para discutir la regulación de los medios de comunicación y su interrelación con la libertad de expresión y los derechos humanos. La FIO participa del "Seminario Internacional Regulación de los Medios de Comunicación y Derecho a la Comunicación", que la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC) promueve en los días 23 y 24 de septiembre de 2015, y que reunirá a algunos de los más destacados expertos de Brasil y del mundo sobre el tema. La actividad está siendo promovida en colaboración con la Red de Comunicadores de la FIO y cuenta con el apoyo técnico de la ProFIO / GIZ. Entre los temas a ser discutidos se encuentran el "Papel de las Instituciones de Derechos Humanos en la Regulación de los Medios de Comunicación", que contará con la participación de Luciano Leiva, Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Argentina; de Paulina Mogrovejo, representante de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom); de José Julio Fernández Rodríguez, experto de la Universidad Santiago de Compostela; y de Aurélio Ríos, Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano en Brasil.
 

Pronunciamiento del Consejo Rector sobre la crisis migratoria en la frontera colombiano-venezolana

El Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), entidad integrada por Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Raonadores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de los ámbitos nacional, estatal, regional, autonómico y provincial, expresa su profunda preocupación por la situación que están viviendo cientos de colombianos y colombianas en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela.

Exhorta al gobierno venezolano a que se respeten los acuerdos y tratados internacionales en relación a los derechos humanos de las personas migrantes, movilizadas o desplazadas, así como la sujeción a las normas establecidas en el derecho internacional humanitario, y su normatividad interna, especialmente en el caso de ciudadanas y ciudadanos colombianos, y de otros países de la región que, debido a razones ajenas a su voluntad, han tenido que buscar refugio o asilo lejos de su propio país.

Pide fraternal y respetuosamente a los gobiernos de Colombia y Venezuela, sentar las bases del diálogo de modo que, esta permita generar las condiciones de confianza mutua, en la perspectiva de lograr una paz sostenible; y en esa línea poner fin a esta situación que, de manera evidente está afectando no solo a personas en situación de vulnerabilidad en sus derechos y sus familias que han sido separadas sin ninguna consideración, sino que está generando un clima de tensión innecesario e injustificado entre dos naciones hermanas.

Convencido de responder a mandatos constitucionales de velar por la vigencia de los derechos humanos que, al ser universales, más allá de coyunturas políticas e incluso de límites fronterizos, expresa su esperanza para que este conflicto sea superado tan pronto como sea posible. Hace votos porque este acercamiento sea producto de una verdadera voluntad política, orientado a dar solución a cualquier conflicto posterior que ponga en riesgo la unidad y la hermandad entre los pueblos y gobiernos de Colombia y de Venezuela y por ende del resto de los países de la región.

CONSEJO RECTOR DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN

MANUEL MARÍA PÁEZ MONGES Presidente de la FIO Defensor del Pueblo de la República del Paraguay

LILIA CONSTANCIA HERRERA MOW DE PROWANT Vicepresidenta Primera FIO Defensora del Pueblo de la República de Panamá

ROLANDO VILLENA VILLEGAS Vicepresidente Segundo FIO Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia

JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA Vicepresidente Tercero FIO Provedor de Justiça de Portugal

LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ Vicepresidente Cuarto FIO Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México

JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO Vicepresidente Quinto FIO Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, México

FUENTE: La Secretaría Técnica de la FIO

PANAMÁ: La Defensora del Pueblo participa en la 1º Cumbre Iberoamericana sobre DDHH, migrantes y trata de personas

La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, participó en la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas, la cual reunió a 28 Defensores del Pueblo de América Latina, España y Portugal.

En este encuentro los Ombudsman realizaron un debate técnico y político en torno a delitos transnacionales como son la migración y la trata de personas, que ensombrecen el panorama de los derechos humanos de los países de Iberoamérica.

De igual manera, enfatizó en la importancia de reflexionar en torno a la criminalización de otro delito de impacto transnacional como lo es el tráfico ilícito de migrantes, a la vez que exhortó a la sociedad en su conjunto a dejar la indiferencia.

En ese sentido, la Defensora del Pueblo, destacó la importancia de este tipo de foro ya que los mismos permiten el intercambio de ideas y experiencia entorno al respeto a los Derechos Humanos de las personas Migrantes y como combatir de manera efectiva la trata de personas.

 

FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Panamá

“En España se siguen comprando y vendiendo a mujeres y a niños” - El PRADPI entrevista al Premio DDHH Rey de España

El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica (PRADPI) entrevista a la Directora del Proyecto Esperanza, Premio DDHH Rey de España 2015. 

Durante la Conferencia que dio el pasado 29 de abril de 2015 en la Universidad de Alcalá, la Directora del Proyecto Esperanza, Ana Almarza Cuadrado, destacó el trabajo que se lleva a cabo desde los inicios del Proyecto, en 1999, para apoyar a las mujeres víctimas de la trata de seres humanos.

Impulsado por la Congregación de Religiosas Adoratrices, ganadora de la VI edición del Premio DDHH Rey de España 2015, el Proyecto Esperanza es ante todo, según su propia Directora, "creer en la capacidad de cambio". “Las mujeres no son víctimas, han sufrido una situación de victimización pero sólo es una etapa, no una etiqueta de por vida” insiste Ana.

Según la ONU, 8 de cada 10 víctimas de trata son mujeres 

"Más del 50% de las mujeres que atendemos tiene 18 años, y cuando sabemos que cada año solamente se identifica 1 de cada 20 víctimas en nuestro páis, debemos tener mucho cuidado con la realidad invisible" advierte Ana. Pese a los logros cosechados en la materia, "en España se siguen comprando y vendiendo a mujeres y a niños”, afirma. 

Delante de las cámaras del PRADPI, Ana Almarza Cuadrado charla con Pilar Ladrón Tabuenca, Secretaria General de la UAH y con Isabel Garrido Gómez, Profesora Titular de la misma Universidad:

  • Entrevista del PRADPI al Proyecto Esperanza
 

FUENTE: PRADPI - Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica

BOLIVIA: Defensores del Pueblo demandan reconocer a la trata de personas como un crimen de lesa humanidad y no criminalizar la migración

Defensores del Pueblo de 23 países de Latinoamérica, además de España y Portugal, a la conclusión de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migración y Trata y Tráfico de Personas, realizada esta semana en Colombia, acordaron llevar adelante acciones que permitan proteger los derechos de las víctimas de trata y tráfico y de las y los migrantes. En ese marco, decidieron impulsar gestiones para que sus Estados y Gobiernos, dentro de su ordenamiento jurídico, incorporen los principios internacionales de derechos humanos que no criminalicen la migración y reconozcan la trata de personas como crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma.

Este acuerdo y otros más a los que arribaron tras dos días de debate sobre estas problemáticas, en un evento que fue organizado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) con apoyo de la Agencia Alemana GIZ, están incluidos en la Declaración de Bogotá que rubricaron e hicieron pública los representantes de las instituciones que trabajan en pro de los derechos humanos, este 13 de mayo.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien además es Vicepresidente de la FIO, indicó que también se comprometieron a incrementar los esfuerzos para conseguir que las políticas públicas de erradicación de la trata y tráfico, pongan siempre en el centro a la persona, evitando aquellas actuaciones que, en su lucha contra estos delitos, olviden la protección y el derecho a la reparación de cada víctima; además de que instar a los Estados miembros a cumplir los contenidos del Protocolo de Palermo, a través de la implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, tomando en cuenta la dimensión transnacional del delito y con una perspectiva de género.

Coincidieron, asimismo, en que la trata de personas constituye un grave delito de carácter nacional y transnacional, que en su aumento desmedido afecta la integridad, dignidad y libertad de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad como son las mujeres, niños y niñas, personas migrantes, indígenas, vulnerando de manera sistemática, profunda e irreversible los derechos de las y los habitantes de los Estados, y que para su erradicación es necesario definir e implementar estrategias globales eficaces.

En su Declaración manifiestan que existe una gran preocupación por el flujo interno y externo de las personas, que ha generado el establecimiento de diversas políticas de inmigración, que no resultan armónicas en materia de flujo migratorio.

"Somos conscientes de la importancia que como Ombudsman tenemos para promover políticas públicas que privilegien a las y los titulares de derechos y víctimas de su violación reivindicando sus derechos a través de asistencia inmediata y reparación integral", señala el documento.

La Declaración de Bogotá establece también, el compromiso de visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los Estados sino que es una problemática que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos; plantea tener en cuenta la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios y la niñez migrante sin acompañamiento y su situación de vulnerabilidad; impulsar la consagración por los Estados de los instrumentos que permitan la efectiva persecución de la trata de personas bajo el principio de jurisdicción universal, cuando este delito se estructure como de lesa humanidad; e intensificar los esfuerzos para unificar estrategias de intervención, promoción, concienciación, sensibilización y defensa ante la sociedad y los poderes del Estado, articulando iniciativas de las instituciones, que son parte de la FIO, para incidir sobre la disminución de la trata y tráfico ilegal de personas.

 

 

FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia

Pronunciamiento del Consejo Rector de la FIO sobre la situación penitenciaria en Iberoamérica

El Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) reunido en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, considerando que la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes expresamente reconoce que los centros carcelarios, histórica y estructuralmente, son escenarios propicios para la comisión de conductas constitutivas de graves infracciones a la dignidad humana.

Es por esta razón que, su artículo 11 claramente preceptúa que: "todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen [...] las disposiciones para custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar casos de tortura". Este mandato ha sido asumido en buena medida por las instituciones que integran la FIO, que a lo largo de las últimas décadas han volcado su atención y esfuerzos a la verificación de las condiciones de reclusión en las penitenciarías y cárceles de Iberoamérica.

En particular, los miembros de la FIO, en cuanto a miembros del Consejo Rector, hemos tomado conocimiento que, en diversos países se presenta un incremento preocupante de la población carcelaria en el curso de las últimas dos décadas, lo que, a su vez, ha conducido a un desbordado hacinamiento que impide la efectiva consecución de la finalidad esencial de la pena, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, esto es, la resocialización o reinserción social, y pudiera poner en riesgo la vida e integridad de los reclusos.

A la par con el hacinamiento, los sistemas carcelarios de la mayor parte de los países en que operan las instituciones que, integran la FIO se ven aquejados por problemáticas comunes, como la ausencia de presupuesto suficiente, para garantizar la subsistencia digna de la población carcelaria, insuficiencia y escasa instrucción del personal llamado a la custodia y atención de los reclusos, deficiente acceso de los internos a la administración de justicia e invisibilidad de la crisis carcelaria.

Ante esta situación, el Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) hace un llamado a los gobiernos nacionales de los países en que operan sus miembros, para que examinen cuidadosamente la política criminal de sus Estados, en especial, que se reconozca que el derecho penal no necesariamente debe comportar la efectiva imposición de la pena de prisión, así como la drasticidad de la pena, no está asociada a la disminución de los niveles de criminalidad. Adicionalmente, y con miras a garantizar la efectividad de los instrumentos tendientes a visibilizar la problemática carcelaria, la FIO exhorta a los gobiernos a suscribir y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas y Degradantes; instrumento internacional que prevé mecanismos de verificación internacional a las condiciones de reclusión.

Por último, la FIO insta a los gobiernos nacionales a erradicar del discurso oficial, cualquier clase de justificación de las indignas condiciones de internamiento a la que se ven sometidos los hombres y mujeres privados de la libertad, so pretexto de la responsabilidad penal que les asiste, en especial, debe quedar en claro que, los reclusos, en tanto seres humanos dotados de dignidad, tienen derecho a no ser sometidos a modalidades de reclusión que, constituyen auténticos tratos crueles, inhumanos y degradantes.

CONSEJO RECTOR DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN

MANUEL MARÍA PÁEZ MONGES
Presidente de la FIO
LILIA CONSTANCIA HERRERA MOW DE PROWANT
Vicepresidenta Primera FIO
ROLANDO VILLENA VILLEGAS
Vicepresidente Segundo FIO
JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA
Vicepresidente Tercero FIO
LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ
Vicepresidente Cuarto FIO
JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO
Vicepresidente Quinto FIO

 

 logofio

 

FUENTE: Secretaría Técnica de la FIO

MÉXICO: Los Ombudsman de Iberoamérica proponen que la víctima de trata y tráfico ilegal de personas sea el centro de atención de las políticas públicas

El Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, participó activamente en los trabajos de la Cumbre. Hoy se dio a conocer la Declaración de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas Ante el aumento desmedido de la trata y el tráfico ilegal de personas, las instituciones defensoras de derechos humanos de los países que conforman la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), incrementarán esfuerzos para conseguir que las políticas públicas de erradicación de esos delitos sean puestos siempre en el centro a la persona, sin olvidar la protección y el derecho a la reparación integral de cada víctima.

En la Declaración de la Primera Cumbre Iberoamericana Sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas de la FIO –hecha pública hoy--, se indica que los Ombudsman de la región se comprometen a elevar a todos los organismos internacionales la tipificación de la trata de personas, como crimen de lesa humanidad, de conformidad con el Estatuto de Roma, que establece que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población o un grupo de personas y con conocimiento de dicha agresión.

Al hablar sobre los resolutivos de este encuentro, el Ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, dijo que los Ombudsman de la región convocarán a los Estados a cumplir los contenidos del Protocolo de Palermo, por medio de la implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión transnacional del delito de trata de personas y con una perspectiva de género.

El Ombudsman mexicano refirió que los miembros de la FIO realizarán las acciones para que, dentro del ordenamiento jurídico, se incorporen los principios internacionales de derechos humanos que no criminalicen la migración. Dentro de la Declaración, los Defensores del Pueblo, Procuradores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de los países que conforman la FIO –Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela— coincidieron también en la necesidad de visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los Estados, sino una problemática que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos.

Se deberá tener en cuenta, la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios y de su situación de vulnerabilidad; lo mismo intensificar los esfuerzos para unificar estrategias de intervención, promoción y defensa en zonas fronterizas, articulando iniciativas de las instituciones públicas de derechos humanos para incidir sobre la disminución de la trata y tráfico ilegal de personas. Los Ombudsman que conforman la FIO tienen la seguridad de que el cumplimiento de estos compromisos traerá consigo una mejor protección de los derechos de las víctimas de la trata de personas y, particularmente, de las y los migrantes de nuestra región.

 

FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de México

GALICIA: Declaración de Bogotá de la I Cumbre Iberoamericana sobre derechos humanos, migrantes y trata de personas, de la Federación Iberoamericana de Ombdusman

El valedor do pobo asistió invitado por la Federación Iberoamericana de Ombudsman a la I Cumbre Iberoamericana sobre derechos humanos, migrantes y trata de personas celebrada en Colombia. Al finalizar la misma, los 28 defensores asistentes procedentes de América Latina, España y Portugal firmaron la Declaración de Bogotá, como unha hoja de ruta contra estos delitos de carácter transnacional.

A continuación se reproduce el contenido íntegro de la declaración.

DECLARACIÓN DE BOGOTÁ DE LA PRIMERA CUMBRE IBEROAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS, DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO)

Las instituciones que constituimos la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), reunidas en Bogotá, República de Colombia, con motivo de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas, a fin de enfrentar el riesgo de personas en migración, trata y tráfico ilegal de personas, declaran:

La trata de personas constituye un grave delito de carácter nacional y transnacional, que en su aumento desmedido afecta de manera sistemática, profunda e irreversible los derechos de las y los habitantes de los Estados, y que para su erradicación es necesario definir e implementar estrategias globales eficaces;
Existe una gran preocupación de los Estados por el flujo interno y externo de las personas, que ha generado el establecimiento de diversas políticas de inmigración, que no resultan armónicas en materia de flujo migratorio;
La trata y tráfico ilegal de personas afectan la integridad, dignidad y libertad de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad como mujeres, niños y niñas, personas migrantes, indígenas, etc.
Somos conscientes de la importancia que como Ombudsman tenemos para promover políticas públicas que privilegien a las y los titulares de derechos y víctimas de su violación reivindicando sus derechos a través de asistencia inmediata y reparación integral.
Por tales razones, nos comprometemos a:
Incrementar nuestros esfuerzos para conseguir que las políticas públicas de erradicación del tráfico ilegal de personas y la trata de seres humanos, pongan siempre en el centro a la persona, evitando aquellas actuaciones que, en su lucha contra estos delitos, olviden la protección y el derecho a la reparación de cada víctima.
Instar a que los Estados cumplan los contenidos del Protocolo de Palermo, por medio de la implementación de políticas públicas con enfoque en Derechos Humanos, teniendo en cuenta la dimensión transnacional del delito y con una perspectiva de género.
Visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los Estados sino que es una problemática que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos.
Adelantar las acciones que sean necesarias para que dentro del ordenamiento jurídico se incorporen los principios internacionales de derechos humanos, que no criminalicen la migración y reconozcan la trata de personas como crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma.
Tener en cuenta, asimismo, la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios como así también la niñez migrante sin acompañamiento y de su situación de vulnerabilidad.
Impulsar la consagración por los Estados de los instrumentos que permitan la efectiva persecución de la trata de personas bajo el principio de jurisdicción universal, cuando este delito se estructure como de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma.
Intensificar los esfuerzos para unificar estrategias de intervención, promoción, concienciación, sensibilización y defensa ante la sociedad y los poderes del Estado, articulando iniciativas de nuestras instituciones para incidir sobre la disminución de la trata y tráfico ilegal de personas.
La FIO tiene la seguridad de que el cumplimiento de estos compromisos traerá consigo una mejor protección de los derechos de las víctimas de la trata de personas y particularmente de las y los migrantes de nuestra región, así como la participación de las víctimas en tanto son sujetos de derecho.
Dada en Bogotá, República de Colombia, a los 13 días del mes de mayo de 2015.

 

FUENTE: Valedor do Pobo