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Mediante la resolución 47/3, del 14 de octubre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 03 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha adoptada por el Estado salvadoreño a nivel nacional desde el 07 de diciembre de 1995. Lo anterior nos remite a evocar la trascendencia que hace 25 años tuvo esa proclamación en el seno de la Asamblea General de la ONU, invitando a todos los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos encaminados a la adopción de medidas eficaces y sostenidas para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad y avanzar en el respeto de sus derechos humanos. Propósito que dos años después fue retomado en el ámbito nacional.

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Pese a ese compromiso, en El Salvador las personas con discapacidad y sus organizaciones han considerado necesario arreciar sus reivindicaciones asumiendo un rol protagónico en la interpelación al Estado sobre su responsabilidad de adoptar medidas oportunas tendentes a lograr la plena efectividad de sus derechos humanos. Principalmente porque se esperaba un mayor impulso de las acciones del Estado posterior a la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 y de remisión de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Estado salvadoreño en 2013, luego de la evaluación de cumplimiento del referido Tratado internacional. Esas Observaciones Finales – recomendaciones – identifican los principales obstáculos para el ejercicio pleno de derechos de esta población que al mismo tiempo proponen recomendaciones que debieron ser adoptadas oportunamente por las entidades de los distintos Órganos del Estado, incluyéndose las instituciones autónomas.

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A través de la labor de vigilancia que por mandato constitucional se confiere a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a cuatro años de la formulación de esas observaciones, podemos aseverar que en su gran mayoría han sido incumplidas. Al respecto, las principales formas de exclusión social de las personas con discapacidad, han sido la discriminación por la ausencia de un enfoque de derechos humanos, la resistencia a armonizar la normativa interna con el contenido y el espíritu de la Convención, tal como fue recomendado en su momento por el Comité de las Naciones Unidas respectivo, pero además y aún más grave, es la persistencia de generar nuevas leyes que continúan esas dinámicas de exclusión.

No obstante esta exhortación, formulada desde 2013, el Estado a través de las instancias competentes no han ajustado la actual ley marco a la Convención; por tanto, en su contenido están ausentes los principios como: el respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad, entre otros.

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Como resultado de esa inobservancia, es que esta Procuraduría ha apoyado firmemente las justas exigencias de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones; pero también ha acompañado decisivamente las diferentes propuestas generadas a favor de los derechos de este colectivo en El Salvador. En ese contexto fue que la Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad presentó el 03 de diciembre del 2015, el proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, esfuerzo realizado por el colectivo de organizaciones que integran la Mesa Permanente y la asistencia técnica de la PDDH. Pese a las expectativas favorables con esa propuesta normativa, se esperaron casi dos años para que se iniciara el proceso de estudio al interior del seno de la Comisión legislativa de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad.

Cabe reiterar que este proyecto de ley se fundamenta las necesidades de este sector de la población de nuestro país y en los principios establecidos en la Convención, en cuanto a la transformación del ente rector de las políticas públicas en el tema de discapacidad a un ente independiente, preservándose la estructura de representación equitativa entre sociedad civil y el Gobierno; el reconocimiento de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad; la protección social para una vida digna e independiente; designación de presupuestos determinados en las instituciones públicas para acciones de inclusión; y finalmente, el establecimiento de infracciones y sus respectivas sanciones.

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Para esta Procuraduría es un imperativo avanzar sustancialmente en el análisis de esa importante propuesta normativa por parte de la referida Comisión Legislativa. Proceso que recientemente fue acordado por los miembros de la citada comisión en cuanto a acordar la instalación de una Mesa Técnica, integrada por los asesores y asesoras jurídicas de los parlamentarios; quienes después de la revisión inicial del proyecto de la Ley de Inclusión, convocarían a representantes de esta Procuraduría, a integrantes de las organizaciones de Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad, a otras entidades y organizaciones vinculadas al tema, para enriquecer y fortalecer el contenido de la propuesta en estudio.

Finalmente, en esta importante fecha reconozco los invaluables aportes y la lucha tenaz de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones encaminadas a lograr las transformaciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

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Por todo lo anterior, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en Funciones y en cumplimiento de mi mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, recomiendo: a las Honorables señoras Diputadas y señores Diputados de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la Asamblea Legislativa:

  1. Agilizar el estudio del proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, sin menoscabo del contenido propuesto en el proyecto presentado por la Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad y particularmente ciñéndose al respeto de los ejes fundamentales antes referidos.
  2. Asegurar que la base del estudio de la Mesa Técnica se realice con enfoque en derechos humanos de la discapacidad, para lo cual es indispensable que el equipo técnico designado cuente con la formación al respecto.
  3. Respetar y garantizar la consulta efectiva de las organizaciones de la Mesa Permanente y de esta Procuraduría, así como de otros actores sociales, generándose el mecanismo de participación activa y propositiva, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

San Salvador, 06 de diciembre de 2017

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