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DR HERRERA FOTO

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, H. Roberto Herrera Cáceres, dijo hoy que las deportaciones masivas de personas no están admitidas en los estándares jurídicos interamericanos, ni de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ni por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El ombudsman hondureño declaró que no puede haber deportaciones masivas y que, en todo caso, existen normas, por parte del sistema interamericano, que tienen que atenderse.

En su criterio, tiene que analizarse caso por caso y garantizarle a cada persona las garantías procesales debidas para que cada uno pueda defenderse adecuadamente ante un tribunal independiente e imparcial y pueda lograr que se evalúen sus circunstancias personales.

Tiene que hacerse el análisis individualizado, ya que las deportaciones masivas están prohibidas en los estándares interamericanos, tanto en la aplicación de la Convención Americana de los Derechos Humanos como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Esta última es también aplicable jurídicamente a los Estados Unidos, sostuvo.

Reconoció que todas las diligencias que está realizando el Gobierno de Honduras van en buen sentido y que la presencia de la delegación, integrada por representantes de varios poderes del Estado, es sumamente importante para hacer sentir que el Estado de Honduras se ocupa  de sus migrantes, especialmente de los que están amparados  por el Régimen de Protección Temporal (TPS), pero haciendo sentir que el Estado protege a todos los migrantes en los Estados Unidos de América, de manera independiente a su estatus migratorio.

Recordó que desde enero del presente año, en ocasión de la toma de posesión del Presidente Donald Trump, en los Estados Unidos de América, hizo un llamado a las autoridades hondureñas y a la comunidad internacional, a fin de empezar a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar decisiones que podrían afectar los derechos humanos de los migrantes.

Expresó que la posición del CONADEH ha sido ver el tema de los migrantes hondureños en su conjunto, es decir, tanto a los amparados bajo el DACA, como en el TPS y a los que se encuentran en condición irregular en los Estados Unidos.

“Nosotros llamamos reiteradamente a unirnos con organizaciones de la sociedad civil de los Estados Unidos de América, porque son los que más peso tienen en las decisiones que va a tomar el Poder Ejecutivo y el mismo Congreso de los Estados Unidos”.

El Defensor del Pueblo hondureño espera que si no se reconoce el sustento para renovar el TPS, se tome la decisión de crear un estatus que, entre otros aspectos, reconozca el tiempo de residencia o estadía, el aporte social y la unidad familiar de los hondureños en los Estados Unidos.

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