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Lunes 23 de Octubre de 2017. La Defensoría de los Habitantes de la República de conformidad con su Ley de creación, es el órgano del Estado Costarricense encargado de proteger los derechos e intereses de los y las habitantes, pero además debe velar porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, a la justicia y a la legalidad. 

La justicia no es una aspiración, es una obligación que se impone al funcionario público de actuar conforme la Ley lo demanda. Por otra parte, la moral es un conjunto de principios y valores que incluyen la probidad, la transparencia y el buen gobierno, mismos que orientan la función pública y dan sustento junto con la justicia y la Ley, a la Democracia. 

Ante los aparentes casos de corrupción que han sido denunciados recientemente y su incidencia en la institucionalidad del país, y su legitimidad, la Defensoría, en cumplimiento de sus obligaciones, demanda y apoya una actuación proba, independiente, imparcial y célere de las instancias encargadas de investigar estos hechos, de manera que, de confirmarse la comisión de delitos, se lleve a estrados a los y las responsables, sin consideraciones ajenas a la justicia. 

En un país sin ejército, el resguardo de la soberanía se da a través del Estado de Derecho, es decir, el principio de que la Ley se aplica todas y todos por igual. Ese Estado de Derecho merece ser defendido a toda costa, despejando cualquier duda de posibles desviaciones. Si bien es cierto, estos casos se encuentran en una etapa de investigación tanto por las instancias judiciales como legislativas, la Defensoría reitera su llamado a la sociedad en general, y en particular, a los y las funcionarias públicas, para que cualquier persona que tenga conocimiento de elementos objetivos, los aporte a las autoridades competentes en aras de colaborar para el conocimiento de la verdad real de los hechos.

Desde finales de setiembre del presente año ante estos acontecimientos, la Defensoría condenó de manera categórica cualquier acto de intimidación, obstrucción o amenaza a quienes están investigando los casos relacionados con algunos créditos del BCR, incluida la prensa y formadores de opinión. 

Además de establecerse las responsabilidades legales y políticas que correspondan, la Defensoría exige que se generen los cambios necesarios para resolver las debilidades institucionales y normativas que los hechos dados a conocer han revelado. La historia patria demanda que se tomen todas las medidas necesarias para que los y las costarricenses recuperen la confianza en la institucionalidad democrática. 

Hoy la Defensoría en cumplimiento de sus obligaciones de ley hace un llamado a todos los funcionarios públicos, de todas las jerarquías, a estar prestos a cumplir a cabalidad con sus obligaciones en pro de la transparencia y la lucha contra la corrupción en Costa Rica.

Oficina de Prensa

Defensoría de los Habitantes

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