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residuos electronicos

La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a que promueva la sanción de un régimen de presupuestos mínimos para la gestión sustentable de residuos de aparatos electrónicos, basado en el principio de responsabilidad extendida del productor.

Los residuos especiales de generación universal (REGU) son aquellos que se generan de manera masiva o universal y que por sus consecuencias ambientales, características de peligrosidad, riesgo o potencial efecto nocivo para el ambiente, requieran de una gestión ambientalmente adecuada y diferenciada de otros residuos. Estos abarcan desde los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), aceites vegetales usados, pilas, baterías, neumáticos fuera de uso hasta envases vacíos de fitosanitarios, entre otros.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), RAEE es cualquier dispositivo que requiere para su funcionamiento corriente eléctrica que haya alcanzado el fin de su vida útil. Los RAEE poseen componentes considerados peligrosos tales como cadmio, plomo, níquel y mercurio, entre otros, que al final de su vida útil requieren un tratamiento adecuado para prevenir un impacto negativo en el ambiente y en la salud de las personas. Estos componentes coexisten con ciertos materiales valiosos tales como hierro, cobre, acero, hasta materiales preciosos, que son pasibles de reutilización y reciclaje en nuevos procesos industriales.

A nivel nacional, no existe un sistema que garantice una adecuada gestión de RAEE. Actualmente, la mayor parte termina en rellenos sanitarios o vertederos a cielo abierto junto con el resto de los residuos domiciliarios.

La Defensoría del Pueblo considera que es necesario contar con un sistema de gestión de RAEE que promueva la recolección diferenciada, selección, desmonte y valorización de piezas de los aparatos eléctricos y electrónicos pasibles de reutilización y reciclaje en nuevos procesos industriales.

El programa de gestión debe incorporar el principio de la responsabilidad extendida del productor, promoviendo mejoras ambientales para el ciclo de vida completo de los productos, al extender las responsabilidades de los fabricantes del producto al ciclo completo de su vida útil, y especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final.

Una gestión basada en estos principios persigue dos objetivos principales: por una parte, promueve el diseño de los productos que procuren el aumento de su vida útil y potencial de valorización y, por otra, incentiva la reutilización y valorización de productos al final de su vida útil.

El Estado debe desarrollar un marco normativo que determine la responsabilidad de los productores y su obligación de gestionar los equipos al final de su vida útil. Ello implica la obligación de los productores de contemplar la logística inversa, la recolección, transporte, valorización y destino de los RAEE y la obligación de los usuarios de segregar y disponer sus RAEE en los canales desarrollados a tal efecto.

Por ello, corresponde exhortar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para que promueva la sanción de un régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de residuos eléctricos y electrónicos, basado en el principio de responsabilidad extendida del productor.

Fuente: http://www.dpn.gob.ar/gacetilla.php?id=31166&pagN=1

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