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Las Naciones Unidas, por medio de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, transmite a España en comunicado efectuado el 2 de octubre su preocupación por las intervenciones policiales efectuadas a requerimiento judicial el 1 de octubre en el marco de las votaciones desarrolladas en diferentes municipios de Cataluña y cuya celebración había sido vedada por el Tribunal Constitucional.

Estas declaraciones se suman a las manifestadas hace escasos días por dos expertos de la misma organización internacional, exhortando a las autoridades españolas a garantizar que las medidas adoptadas antes de la celebración de dicha consulta no interfiriesen con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública.

En un comunicado conjunto del 28 de septiembre, David Kaye, relator especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión, y Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático, advertían de que “las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española”, instando así “a todas las partes a ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos de cualquier tipo en el contexto de las protestas pacíficas que se den en los próximos días”[1].

En consonancia con estas declaraciones, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha emitido la siguiente nota de prensa, cuyo texto literal reproducimos a continuación[2]:

Observaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein sobre la situación en Cataluña, España.

Ginebra (2 de octubre de 2017).

Estoy muy perturbado por la violencia en Cataluña el domingo. Con cientos de personas heridas, urjo a las autoridades españolas a que aseguren una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre todos los actos de violencia. La respuesta policial ha de ser siempre proporcionada y necesaria.

Creo firmemente que la situación actual debería resolverse a través del diálogo político, con total respeto a las libertades democráticas.

Hago un llamamiento al Gobierno español para que acepte sin demora las solicitudes de visita de los expertos en derechos humanos de la ONU.

Por otra parte, la Directora de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE-ODIHR) ha efectuado desde Varsovia un llamamiento a las autoridades españolas a que aseguren el respeto de las libertades fundamentales de reunión y expresión pacíficas. Su comunicado hace referencia, del mismo modo, a las operaciones desarrolladas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para impedir la celebración del referéndum suspendido por el Alto Tribunal español.

En la nota de prensa difundida el día 2 de octubre, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir señala lo siguiente[3]:

“Todos los Estados participantes en la OSCE tienen el compromiso de garantizar que cualquier medida adoptada por sus organismos encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, respete los derechos fundamentales a la libertad de reunión y expresión. Las autoridades españolas deben asegurar que la Policía usa la fuerza solo cuando sea necesario y adhiriéndose estrictamente al principio de proporcionalidad. Esto significa también facilitar las reuniones pacíficas confiando en las medidas de comunicación y desescalada para reducir las tensiones”.

 

[1] http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=38151

[2] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID10090&LangIDE

[3] http://www.osce.org/odihr/347171

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