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Ecuador: El 99% de instituciones cumplieron con el derecho de acceso a la información pública

dp ecuador 2

Este 18 de octubre de 2017, en el marco del VI Encuentro Internacional - Semana de la Transparencia, que se desarrolló en el salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, presentó el informe anual de cumplimiento sobre el derecho de acceso a la información pública 2016.

El titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador explicó los principales resultados de transparencia de enero a diciembre de 2016, haciendo una comparación de los últimos años y analizando el porcentaje de cumplimiento de las instituciones públicas.

Rivadeneira aseguró que es obligación de todas las instituciones públicas elaborar anualmente un informe de transparencia y publicar esta información en sus páginas web y señaló que es fundamental hacer conciencia sobre el derecho de acceder a información.

Asimismo, el Defensor del Pueblo de Ecuador explicó que antes los informes de transparencia se recibían de forma manual pero que a partir del año 2015 gracias al apoyo de Eurosocial se diseñó una aplicación informática en la que las instituciones públicas suben información digitalizada.

Rivadeneira se refirió también al alto índice de cumplimiento de las instituciones al presentar los informes de transparencia. “Este año hemos llegado al 99% de presentación de informes de transparencia. Solo 13 instituciones incumplieron con la información de acceso a la información pública”, aseveró.

El Defensor del Pueblo indicó que la Función Ejecutiva es la que más solicitudes de acceso a la información recibe. Y acerca del rango de respuestas a estas solicitudes dijo que existe un promedio de 9 días.

Finalmente Rivadeneira afirmó que uno de los retos en este ámbito es que las instituciones privadas que manejan recursos públicos presenten información pública.

Luego de la intervención del Defensor del Pueblo continuó una jornada académica abierta al público con la presencia de expertos nacionales e internacionales quienes expusieron sus experiencias en materia de transparencia y acceso a la información pública.

En el primer panel titulado “Datos abiertos como mecanismo para la protección de derechos humanos” participaron Cristhian Bahamonde, Director General de Política Pública de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y  Jeannette  Colomarco, representante de Legaltech Asesores Consultores.

Bahamonde mencionó que uno de los retos de datos abiertos en Ecuador es incrementar la participación ciudadana. Colomarco, por su parte, dijo que la evolución de las tecnologías de comunicación aporta los datos abiertos y al gobierno electrónico.

El segundo panel enfocado en los desafíos de la administración pública en cuanto al dato abierto y el acceso a la información pública intervinieron Adrián Alcalá, secretario de Acceso a la Información Pública, quien habló sobre el manejo de la información pública en México; Raúl Jara Iñiguez, Subsecretario de Gobierno Electrónico del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, quien realizó un resumen global de los datos abiertos en Ecuador; y Marlon Sánchez, Presidente y director ejecutivo de Infodesarrollo, quien explicó la importancia de empoderar a la ciudadanía sobre la información pública.

El tercer panel “Transparencia: datos abiertos a nivel municipal” contó con Rosa Elena Guerrero Mafla, Directora de Gestión de la Información del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, quien detalló los mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la capital; Juan Pablo Álvarez, Jefe de la Unidad Técnica de Contratación del GAD Quito, que explicó los procesos de contratación municipales y las mejoras; y Luis Santa María, Presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, quien dilusidó el modelo de gestión de transparencia municipal y la fiscalización.

En el cuarto panel, en cambio, se resolvió la inquietud ¿De qué manera los datos abiertos fortalecen la acción política y la democracia?. Para ello se contó con la presencia de René Maugé, Director Ejecutivo de Instituto de la Democracia, quien afirmó que la información pública pertenece a la ciudadanía, pero que no se la socializa. Estuvo también Edwin Jarrín, Vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien reflexionó sobre el índice de transparencia y la construcción de procesos más eficientes de rendición de cuentas.

En el quinto panel “aportes para una propuesta de reforma a la LOTAIP, con un enfoque de dato abierto” estuvieron Tania Acosta, Coordinadora Técnica de Controversia del Servicio Nacional de Contratación Pública y Daniel Barragán Terán, Director Ejecutivo del Centro Internacional  de Investigaciones sobre Ambiente y territorio de la Universidad de Los Hemisferios; quienes se refirieron principalmente a la formación de veedurías ciudadanas para transparentar la información.

En el sexto y último panel sobre políticas públicas y buenas prácticas de dato abierto en la región intervinieron Luiza Galiazzi Schneider, Jefa de Servicio de Recursos en Acceso a la Información de la Contraloría General de la Unión de Brasil y Adrián Alcalá, Secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México; quienes expusieron las experiencias de sus países.

La segunda parte de esta jornada de la Semana de Transparencia se realizará el 19 de octubre, donde se establecerán mesas de trabajo a fin de rescatar los retos y desafíos sobre transparencia y acceso a la información pública.

Descargue el informe completo LOTAIP 2016 AQUÍ

Mira la rueda de prensa de la presentación del informe LOTAIP

Bolivia: Defensoría del Pueblo devela que Personas con Discapacidad tienen límites para acceder a servicios de salud

En una investigación realizada a nivel nacional, en las 9 capitales de departamento, y la ciudad de El Alto, donde se efectuaron verificaciones defensoriales a 29 hospitales públicos y 10 de la seguridad social, se evidenciaron obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones y servicios de salud, y que afectan al cumplimiento del trato preferente que deben recibir como establece la norma.

Los resultados develan barreras físicas y arquitectónicas; limitaciones en la provisión de medicamentos a los beneficiarios de la Ley 475, sobre todo, a personas con trastornos de salud mental; dificultades de información y comunicación; y la exigencia de requisitos y formalismos como el carnet de discapacidad o las boletas de referencia y contrarreferencias.

La Defensoría emitió un recordatorio general de deberes legales a autoridades, 5 recomendaciones al Ministerio de Salud, 5 a gobernaciones departamentales y 2 a gobiernos municipales. Así, la institución considera que el trato preferente establecido en la Ley 223 y el Reglamento de la Ley 475 en el ámbito de salud, debe ser implementado a través de acciones integrales a fin de precautelar la equiparación e igualdad de personas con discapacidad con el resto de la población, de conformidad a la Convención sobre los Derechos de las PcD y se asuman medidas que mejoren el acceso real y efectivo a la salud.

RECORDATORIO DE DEBERES Y RECOMENDACIONES

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

ÚNICO.- Recordar a las autoridades del Ministerio de Salud, a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, a los hospitales públicos de segundo y tercer nivel de atención y hospitales de la Seguridad Social, el deber legal de respetar y cumplir la normativa nacional e internacional referente a los derechos de las personas con discapacidad (PcD), en especial los establecidos en la Constitución Política del Estado, Ley 4024 de15 de abril de 2009 que ratifica la “Convención sobre los Derechos de las PcD y su Protocolo Facultativo”, suscrito por Bolivia el 13 de agosto de 2007; Ley 223 General para PcD de 02 de marzo de 2012; Ley 475 sobre Prestaciones de Servicios de Salud Integral de 30 de diciembre de 2013.

RECOMENDACIONES

AL MINISTERIO DE SALUD

En cumplimiento a lo estipulado en los incisos a), c), d), j), k), q) del Artículo 90 del Decreto Supremo 29894 del 25 de enero de 2009 Estructura del Órgano Ejecutivo, así como los numerales 1 y 9 del Parágrafo I del Artículo 81 de la Ley 031 Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez” y los parágrafos I, II, III, IV del Artículo 32 de la Ley 223 General para PcD, se recomienda al Ministerio de Salud, como ente rector del Sistema Nacional de Salud, que:

PRIMERA.- Ampliar la regulación del trato preferente para precautelar la equiparación e igualdad de las PcD con el resto de las personas en el marco de la Convención sobre los Derechos de las PcD y la normativa nacional, estableciendo su alcance e implementación progresiva.

SEGUNDA.- Ajustar las Normas de Caracterización de Primer y Segundo Nivel en lo referente a los componentes físicos y funcionales de los establecimientos de salud en relación a infraestructura, equipamiento, medicamentos, insumos médicos y recursos humanos adecuados a las PcD.

TERCERA.- Regular excepciones a los requisitos para acceder a las prestaciones de salud priorizando el acceso a la salud de las PcD en el marco de la Ley 475, a fin de dejar sin efecto la presentación de las boletas de referencia y contrarreferencia para su atención.

CUARTA.- Incorporar en la LINAME medicamentos e insumos necesarios para las poblaciones beneficiarias; en específico al grupo de PcD y con mayor incidencia para pacientes con discapacidad intelectual psíquica y sensorial.

QUINTA.- Implementar el uso del lenguaje de señas en entidades formadoras y capacitadoras de recursos humanos del sector salud, en coordinación con el Ministerio de Educación.

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PARA LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES

En virtud a lo previsto en los Incisos b), c), j) y ñ) del Numeral 1 del Parágrafo III Artículo 81 de la Ley 031 Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez”, se recomienda a los Gobiernos Autónomos Departamentales:

SEXTA.- Reforzar la capacitación técnica sobre la Ley 475 y sus reglamentos, al personal de salud en todos los servicios de salud públicos y de Seguridad Social a nivel nacional.

SÉPTIMA.- Socializar y difundir a través de medios de comunicación masivos, en sus departamentos, información sobre los requisitos, procedimientos, beneficios y los alcances de la Ley 475 y sus reglamentos.

OCTAVA.- Implementar talleres de socialización sobre el alcance de la Ley 475 y sus reglamentos con las organizaciones de PcD a nivel nacional, en coordinación con la Defensoría del Pueblo.

NOVENA.- Realizar las adecuaciones arquitectónicas necesarias de la infraestructura de los hospitales públicos de tercer nivel, para garantizar la accesibilidad física de las PcD.

DÉCIMA.- Fortalecer los equipos de calificación, registro y carnetización a nivel nacional, con el fin de que los procesos y procedimientos para el acceso al carnet de discapacidad que los habilita a los beneficios de la Ley 475, sea ágil y oportuno.

A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES

En virtud a lo previsto en los Incisos c), e) y f) del Numeral 2 del Parágrafo III del Artículo 81 de la Ley 031 Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez”, se recomienda a los Gobiernos Autónomos Municipales:

DÉCIMA PRIMERA.- Mejorar los medios de información y comunicación al interior de los hospitales públicos y de la Seguridad Social, implementando instrumentos de información específicos para PcD, así como la utilización del lenguaje de señas para pacientes con discapacidad auditiva.

DÉCIMA SEGUNDA.- Realizar las adecuaciones arquitectónicas necesarias de la infraestructura de los servicios de salud de primer y segundo nivel, para garantizar la accesibilidad.

Pueden acceder al informe defensorial en este enlace:

 

Colombia: Defensor del Pueblo asistió a Comisión de Garantías de Seguridad, convocada por el Presidente de la República, por situación en Tumaco

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El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, participó en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, convocada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, este jueves 19 de octubre, para hacer seguimiento a las medidas de seguridad para la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región.

Además del Defensor del Pueblo, asistieron el Procurador General, Fernando Carrillo; el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez; el Ministro del Interior, Guillermo Rivera; el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; Diego Mora, Director de la Unidad Nacional de Protección, y el Vicepresidente de la República, Oscar Naranjo.

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad fue creada en el Acuerdo de Paz, suscrito por el Gobierno y las Farc, con el propósito de garantizar protección a quienes están dejando las armas, a los encargados de implementar los acuerdos de paz y a líderes sociales, defensores de derechos humanos e integrantes de partidos políticos, entre otros.

La secretaría técnica de la Comisión la ejerce el Director de Seguridad de la Presidencia de la República.

Argentina: Intervención del Defensor del Pueblo de la Nación posibilita cirugía de reconversión de género

ombudsman argentina

Se trata de un hombre trans que inició el reclamo ante IOMA debido a la negativa de cobertura de una operación contemplada en la Ley Nº 26743 de Identidad de Género.

El interesado -por intermedio de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT)-, solicitó se intervenga ante la negativa de IOMA a otorgar la cobertura de una cirugía de reasignación de sexo, conforme lo establece la Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género.

La Defensoría dictó un exhorto para que la misma fuera otorgada, mediante la Resolución DP Nº 28/16 y, en consecuencia, se autorizó la cobertura al 100%.

De esta manera, la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación posibilitó el acceso a la prestación de salud en cuestión garantizando el derecho de la reclamante a decidir, desarrollar y expresar libremente su identidad de género de acuerdo con su propia autopercepción.

¿Qué dice la ley?

La Ley Nº 26.743 garantiza a toda persona el reconocimiento de su identidad de género autopercibida y el acceso a la salud integral de acuerdo con su expresión de género, sin someterla a ningún diagnóstico y/o peritaje médico, psicológico y/o psiquiátrico. Tampoco la obliga a cumplir con requisitos que son incompatibles con los derechos humanos, ni judicializar el reconocimiento legal de la propia identidad, a diferencia de lo que ocurre en legislaciones de otros países. A su vez, todas las prestaciones de salud contempladas en la ley quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

*Cabe destacar, por último, que esta Institución cuenta con un área institucional que recibe y tramita de forma específica reclamos del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) de todo el país. Las denuncias pueden realizarse personalmente o por correo a Suipacha 365, a través de una nota explicando lo sucedido.

Ante cualquier duda o consulta, el Defensor pone a disposición sus contactos: puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o por teléfono al (011) 4819-1500

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