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Honduras: Ombudsman insta al ministerio público investigar muerte de más de una decena de personas

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  • El ombudsman hondureño exhortó tanto a los manifestantes como a los cuerpos de seguridad del Estado a mantener la cordura en sus respectivos ámbitos

 El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, urgió hoy al Ministerio Público,  investigar más de una decena de muertes que se habrían registrado en el marco de las manifestaciones y el toque de queda instaurado por un Decreto Ejecutivo que restringe la libre circulación de personas.

El ombudsman hondureño expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y condenó los hechos violentos que vulneran principalmente el derecho a la vida y  la integridad de las personas.

Indicó que el CONADEH realiza diligencias con las autoridades competentes del Estado para determinar las causas que motivaron la muerte violenta de más de una decena de hondureños.

“En nuestra lucha permanente contra la impunidad, urgimos al Ministerio Público  a velar por la obtención de las pruebas necesarias  para judicializar estos casos y juzgar a los presuntos responsables”, manifestó.

El ombudsman hondureño instó a prevenir la repetición de estos hechos lamentables, a respetar la dignidad de todos y de cada uno de los habitantes, incluyendo a las autoridades, quienes  tienen la obligación de proteger el derecho a la vida, libertad y seguridad de las personas y solo podrán utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y en la medida proporcional a la amenaza o riesgo.

El titular del CONADEH reconoció  que todos los hondureños, hombres y mujeres, tienen derecho a vivir sin violencia.

“Exhortamos tanto a los manifestantes como a los cuerpos de seguridad del Estado que deben mantener la cordura en sus respectivos ámbitos”, manifestó.

Indicó que las oficinas del CONADEH a nivel nacional realizan un monitoreo permanente de lo que está aconteciendo con toda esta problemática electoral.

Agregó que mantienen contactos, tanto con las autoridades policiales como del Ministerio Público para verificar las acciones que se están suscitando en el país.

En aquellos casos donde no se han hecho investigaciones, estamos pidiendo a las autoridades que se realicen y que se esclarezcan los hechos para que se encuentre a los responsables, sancionarlos como es debido y que el Estado haga frente a sus responsabilidades, precisó.

Informes preliminares, en proceso de confirmación, indican que hasta ahora habrían muerto  alrededor de 13 personas como resultado de la problemática electoral que  se vive en el país.

El Defensor del Pueblo lamentó las muertes que se han reportado como consecuencia de los enfrentamientos que han fomentado las disensiones de tipo político entre partidos y la muerte de policías.

Esas situaciones evidencian que entre hermanos nos estamos desangrando, sin tener una vía para demostrar que estamos progresando en democracia porque estamos deteriorando el  respeto a la dignidad del ser humano, expresó.

Debemos evitar la violencia entre hermanos y actuar solidariamente en paz con respeto al pluralismo de ideas, dijo finalmente el ombudsman hondureño.

España: El Defensor del Pueblo reitera su compromiso en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

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El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, en el Día Internacional de las personas con discapacidad, ha reiterado el compromiso de la Institución que dirige con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Barreras arquitectónicas

Recientemente, el Defensor ha iniciado una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas para conocer si cuentan con fondos para subvencionar la supresión de barreras arquitectónicas en el entorno urbano, y si incluyen partidas presupuestarias para subvencionar programas específicos de los ayuntamientos en este sentido.

Además, en 2017, la Institución ha culminado una actuación iniciada con nueve ciudades para conocer sus planes municipales de accesibilidad. Todos los ayuntamientos consultados han iniciado obras para la eliminación de barreras arquitectónicas y cuentan con canales de comunicación con los vecinos para detectar barreras pero sólo tres de ellos tienen planes municipales de accesibilidad. Por ello, se ha sugerido a los municipios restantes la elaboración de planes de adaptación y supresión de barreras para promover la accesibilidad de los espacios públicos urbanizados.

La Institución también tiene muy presentes las barreras a las que se enfrentan los menores con discapacidad en el entorno urbano. Así, el Defensor valora positivamente que la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado haya recogido las recomendaciones efectuadas en el https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/estudio-sobre-seguridad-y-accesibilidad-de-las-areas-de-juego-infantil/', 'Estudio sobre Seguridad y Accesibilidad de las Áreas de Juego Infantil');" title="Abre estudio sobre accesibilidad en parques infantiles">Estudio sobre Seguridad y Accesibilidad de las Áreas de Juego Infantil.

En el ámbito del transporte ferroviario y metropolitano, la Institución está tramitando quejas sobre las barreras que se encuentran las personas que utilizan estos medios transporte.

Otras actuaciones   

Una parte significativa del colectivo de personas con discapacidad precisa un mayor nivel de medicamentos y productos sanitarios que la población en general. Por este motivo, el Defensor ha recomendado la supresión del copago farmaceútico para las personas con discapacidad con grado reconocido.

Además, se está trabajando para solucionar casos de discordancia entre las certificaciones de los servicios sociales sobre grado de discapacidad y su tributación.

El Defensor del Pueblo recomendó, en junio de 2016, la modificación la LOREG para reforzar el derecho al voto de las personas con discapacidad de modo que sólo pueda privarse judicialmente del derecho al voto en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de capacidad de conocimiento de la persona.

En materia educativa, la Institución también ha recomendado reiteradamente a las administraciones que adopten medidas normativas y presupuestarias para asegurar el derecho a la educación inclusiva, de acuerdo con los principios de la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El Salvador: Pronunciamiento De La Procuradora Para La Defensa De Los Derechos Humanos En Funciones, Licenciada Ana Milagro Guevara, En Ocasión De La Conmemoración De Día Nacional E Internacional De Las Personas Con Discapacidad

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Mediante la resolución 47/3, del 14 de octubre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 03 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha adoptada por el Estado salvadoreño a nivel nacional desde el 07 de diciembre de 1995. Lo anterior nos remite a evocar la trascendencia que hace 25 años tuvo esa proclamación en el seno de la Asamblea General de la ONU, invitando a todos los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos encaminados a la adopción de medidas eficaces y sostenidas para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad y avanzar en el respeto de sus derechos humanos. Propósito que dos años después fue retomado en el ámbito nacional.

http://www.pddh.gob.sv/wp-content/uploads/2017/12/IMG_1005-300x180.jpg 300w, http://www.pddh.gob.sv/wp-content/uploads/2017/12/IMG_1005-768x460.jpg 768w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px">

Pese a ese compromiso, en El Salvador las personas con discapacidad y sus organizaciones han considerado necesario arreciar sus reivindicaciones asumiendo un rol protagónico en la interpelación al Estado sobre su responsabilidad de adoptar medidas oportunas tendentes a lograr la plena efectividad de sus derechos humanos. Principalmente porque se esperaba un mayor impulso de las acciones del Estado posterior a la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 y de remisión de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Estado salvadoreño en 2013, luego de la evaluación de cumplimiento del referido Tratado internacional. Esas Observaciones Finales – recomendaciones – identifican los principales obstáculos para el ejercicio pleno de derechos de esta población que al mismo tiempo proponen recomendaciones que debieron ser adoptadas oportunamente por las entidades de los distintos Órganos del Estado, incluyéndose las instituciones autónomas.

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A través de la labor de vigilancia que por mandato constitucional se confiere a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a cuatro años de la formulación de esas observaciones, podemos aseverar que en su gran mayoría han sido incumplidas. Al respecto, las principales formas de exclusión social de las personas con discapacidad, han sido la discriminación por la ausencia de un enfoque de derechos humanos, la resistencia a armonizar la normativa interna con el contenido y el espíritu de la Convención, tal como fue recomendado en su momento por el Comité de las Naciones Unidas respectivo, pero además y aún más grave, es la persistencia de generar nuevas leyes que continúan esas dinámicas de exclusión.

No obstante esta exhortación, formulada desde 2013, el Estado a través de las instancias competentes no han ajustado la actual ley marco a la Convención; por tanto, en su contenido están ausentes los principios como: el respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad, entre otros.

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Como resultado de esa inobservancia, es que esta Procuraduría ha apoyado firmemente las justas exigencias de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones; pero también ha acompañado decisivamente las diferentes propuestas generadas a favor de los derechos de este colectivo en El Salvador. En ese contexto fue que la Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad presentó el 03 de diciembre del 2015, el proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, esfuerzo realizado por el colectivo de organizaciones que integran la Mesa Permanente y la asistencia técnica de la PDDH. Pese a las expectativas favorables con esa propuesta normativa, se esperaron casi dos años para que se iniciara el proceso de estudio al interior del seno de la Comisión legislativa de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad.

Cabe reiterar que este proyecto de ley se fundamenta las necesidades de este sector de la población de nuestro país y en los principios establecidos en la Convención, en cuanto a la transformación del ente rector de las políticas públicas en el tema de discapacidad a un ente independiente, preservándose la estructura de representación equitativa entre sociedad civil y el Gobierno; el reconocimiento de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad; la protección social para una vida digna e independiente; designación de presupuestos determinados en las instituciones públicas para acciones de inclusión; y finalmente, el establecimiento de infracciones y sus respectivas sanciones.

http://www.pddh.gob.sv/wp-content/uploads/2017/12/20171206_090827-300x194.jpg 300w, http://www.pddh.gob.sv/wp-content/uploads/2017/12/20171206_090827-768x497.jpg 768w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px">

Para esta Procuraduría es un imperativo avanzar sustancialmente en el análisis de esa importante propuesta normativa por parte de la referida Comisión Legislativa. Proceso que recientemente fue acordado por los miembros de la citada comisión en cuanto a acordar la instalación de una Mesa Técnica, integrada por los asesores y asesoras jurídicas de los parlamentarios; quienes después de la revisión inicial del proyecto de la Ley de Inclusión, convocarían a representantes de esta Procuraduría, a integrantes de las organizaciones de Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad, a otras entidades y organizaciones vinculadas al tema, para enriquecer y fortalecer el contenido de la propuesta en estudio.

Finalmente, en esta importante fecha reconozco los invaluables aportes y la lucha tenaz de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones encaminadas a lograr las transformaciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

http://www.pddh.gob.sv/wp-content/uploads/2017/12/IMG_1111-300x185.jpg 300w, http://www.pddh.gob.sv/wp-content/uploads/2017/12/IMG_1111-768x475.jpg 768w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px">

Por todo lo anterior, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en Funciones y en cumplimiento de mi mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, recomiendo: a las Honorables señoras Diputadas y señores Diputados de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la Asamblea Legislativa:

  1. Agilizar el estudio del proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, sin menoscabo del contenido propuesto en el proyecto presentado por la Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad y particularmente ciñéndose al respeto de los ejes fundamentales antes referidos.
  2. Asegurar que la base del estudio de la Mesa Técnica se realice con enfoque en derechos humanos de la discapacidad, para lo cual es indispensable que el equipo técnico designado cuente con la formación al respecto.
  3. Respetar y garantizar la consulta efectiva de las organizaciones de la Mesa Permanente y de esta Procuraduría, así como de otros actores sociales, generándose el mecanismo de participación activa y propositiva, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

San Salvador, 06 de diciembre de 2017

Ecuador: Defensoría del Pueblo coordina espacios de cooperación con organismos internacionales y embajadas en materia de DD.HH

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La Defensoría del Pueblo de Ecuador compartió este 4 de diciembre el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2021 a representantes de embajadas y organismos internacionales a fin de que se conozca el trabajo de la institución y abrir espacios de trabajo conjunto en materia de derechos humanos.

De este encuentro participaron representantes del ONU mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unicef, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Oficina del Representante de Naciones Unidas en Ecuador y las Embajadas de Francia, Italia y México.

El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, expuso el rol y la misión que tiene la institución en materia de tutela, promoción y protección de derechos de las personas. Al iniciar el encuentro y con el propósito de que los asistentes tengan un antecedente del accionar de la Defensoría del Pueblo se presentaron los cinco ejes fundamentales en los que enfoca su labor.

Paulina Murillo, Adjunta de Derechos de Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo, expuso los derechos de las personas consumidoras; el derecho al hábitat, vivienda adecuada; y los servicios públicos domiciliarios.

Por su parte, Patricio Benalcázar, Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza, enfocó su intervención en el eje de conflictividad social y crisis humanitaria.

De igual manera se explicaron los ejes de erradicación de la discriminación y la violencia; derecho a la vida e integridad personal; transparencia y acceso a la información pública; empresas y derechos humanos.

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